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Los consumidores de cannabis terapéutico abandonados durante la crisis del COVID-19

Los consumidores de cannabis terapéutico abandonados durante la crisis del COVID-19

Por: Teresa Garcia Medicinal

“Cuando entramos en estado de alarma, todos los clubes de cannabis tuvieron que cerrar y esto supone que tanto los usuarios recreativos como los de uso medicinal, nos hemos quedado sin esos espacios que nos dispensaban cannabis”, lamenta Carola Pérez, presidenta de la Asociación Dos Emociones y presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM).

Desde este observatorio cifraba en más de 200.000 las personas usuarias de esta planta por motivos médicos en España. Muchas de ellas, se han quedado sin acceso a los productos derivados del cannabis con los que combatían los síntomas de enfermedades graves. “Algunos pocos proyectos han continuado dispensando a domicilio, con el riesgo que supone, aún más al estar en estado de alarma”, continúa Carola Pérez. “Son muy pocas las personas que están pudiendo acceder, la mayoría se han quedado son los productos derivados de cannabis que necesitamos para aguantar cada día”, reitera tras alertar que, además, en el marco de la crisis sanitaria, el precio del gramo del cannabis ha pasado de los habituales 6 euros hasta los 25 euros. “Es totalmente injusto y atenta contra los derechos de los pacientes a usar el mejor tratamiento para su enfermedad”, concluye.

«Lo cierto es que, al estar en una zona gris, no hay nada que hacer, solo se salvan los enfermos que autocultivan y lo único que podemos hacer es prepararnos para regular y que la próxima vez no pase esto”, afirma, por su parte, Hugo Madera, expresidente del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC).

“Por eso empezamos el documental con declaraciones de enfermos, para reflexionar sobre este tema”, añade sobre el vídeo “Marihuana: primero las personas”, un documental producido por este observatorio en el que se repasa la situación que viven actualmente los consumidores de cannabis.

 

 

 

 

“Me siento como una persona a la que han vulnerado sus derechos, me siento desprotegido, me siento abandonado y muy preocupado por mis tratamientos”, señala en este documental Javier Miravete, consumidor de cannabis medicinal de Castellón por la hemofilia A tipo grave que padece. “Nos es muy complicado aliviar nuestros dolores. Yo siento que nos han dejado de lado”, afirma por su parte, Raquel González, también consumidora de cannabis medicinal en Castellón, en su caso por fibromialgia y por tres tendinitis en el hombro.

La mayoría de consumidores de cannabis que han podido mantener su consumo durante el estado de alarma son los que practican el autocultivo. 

Es también el caso de Carola. “En mi caso, que soy cultivadora, tengo la suerte, y también me lo trabajo, tengo la suerte de autoabastecerme y poder hacer las cremas para las cicatrices de la espalda —explica en relación al tratamiento con derivados del cannabis que alivian los fuertes dolores que sufre por sus problemas de espalda—, pero muchos pacientes no tienen ese espacio en su casa, la temporada de exterior acaba ahora, o, por su situación física, no pueden ocuparse de los cuidados de las plantas y no cuentan con la ayuda, como cuento yo, de amigos o vecinos para este trabajo”.

 

 

Desde su asociación, Carola y otros consumidores de cannabis medicinal, enviaron, el pasado 7 de mayo, escritos a los ayuntamientos de Barcelona y Madrid solicitando que considerasen la actividad esencial de las asociaciones cannábicas, ordenando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que permitan su actividad, y que si lo consideran, eleven la petición a las consejerías y ministerios pertinentes. “El estado de alarma permite que las personas se desplacen por razones justificadas de necesidad, por tanto, deben poder desplazarse a sus asociaciones para hacer acopio del cannabis y sus derivados que necesitan consumir para garantizar su salud y calidad de vida”, explica el escrito, en el que se defiende que, si los estancos y farmacias son considerados servicio esencial, “por analogía también deben ser considerados actividad esencial las actividades de las asociaciones cannábicas”. “Si en este momento no pueden consumir cannabis en su interior, deben poder realizar las labores de dispensario como un dispensario de farmacia, o hacer entregas a domicilio”, añade el texto.

Junto al escrito, desde estas asociaciones han enviado la declaración sobre el cannabis medicinal enviada por el International Association for Cannabinoid Medicines en febrero de 2019 al Parlamento Europeo, un estudio económico en el que se pone sobre la mesa el ahorro que el uso de cannabis medicinal supondría para el sistema de salud. El Parlamento Europeo es una institución desde la que ya recomendaron el pasado año a los países miembro que impulsaran la investigación sobre el cannabis medicinal.

Los consumidores de cannabis terapéutico abandonados durante la crisis del COVID-19

“A día de hoy, estamos esperando respuesta, pero la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya ha redirigido el escrito a la Generalitat”, señala Carola Pérez, que anuncia que pronto se van a sumar a esta petición organizaciones de Navarra y Euskadi. “Estamos invitando a más proyectos a que se sumen a la iniciativa para que podamos hacer el mayor ruido posible”.

Desde la OECCC, Hugo Madera recuerda que hace ya meses que esta organización presentó una propuesta “detallada y completa” sobre el cannabis terapéutico en la que se incluía un sistema transparente de concesión de licencias y el cultivo colectivo y autocultivo de cannabis con fines medicinales. “Consideramos que se necesita una regulación inclusiva que incluya a las personas, no un negocio para las farmacéuticas en régimen de oligopolio que disminuya la accesibilidad e incremente los precios”, subraya Madera, quien añade que la OECCC es el único grupo en España que ha estudiado el tema de la falta de transparencia en la concesión de licencias sobre cannabis. “Nuestro último informe sobre el tema pone de manifiesto que este problema se une a una burbuja especulativa global, que hace que se valoren en millones de euros licencias conseguidas con sistemas poco claros”, concluye.

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