“El sector empresarial no se ríe cuando le hablas del cannabis porque ve una vía económica”

“El debate no es sobre si se va a hacer o no, sino sobre cómo”, subraya la diputada de Podemos Lucía Muñoz Dalda sobre la legalización de la producción, distribución, venta y consumo de cannabis. Con 27 años y originaria de Palma de Mallorca, Muñoz Dalda es la diputada más joven de Podemos, la portavoz de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Adicciones y una de las personas que, desde Podemos, está trabajando activamente para impulsar una ley integral del cannabis que esperan poder definir y presentar en esta legislatura.

“Estamos viendo que el sector empresarial no se ríe cuando le hablas del cannabis porque ve una vía económica, y esto nos causa inquietud —continúa Muñoz en referencia a la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el tema de la legalización del cannabis en conversaciones con Pablo Iglesias, tal y como explicaba este último en una entrevista al diario Público—. De ahí la importancia de tener este debate, queremos que esos beneficios que genere el cannabis vayan a toda la ciudadanía y mejoren el estado del bienestar (…) Las referencias internacionales nos dicen que el cannabis genera pingües beneficios, y hay que evitar modelos en los que estos se queden en unas pocas empresas”, añade.

La propuesta de ley sigue aún en desarrollo y, según explica la diputada de Podemos, “tenemos un borrador sobre el que estamos trabajando, es un proyecto vivo y lo que se está ahora contemplado es susceptible de cambio”.

Por lo pronto, la propuesta en la que trabaja Podemos contempla legalizar el autocultivo para consumo personal de cannabis de exterior de hasta 20 metros cúbicos de fronda a término, como lo hacía también la propuesta de ley trabajada en la anterior legislatura. En cuanto al autocultivo de interior para uso personal, fija un consumo energético máximo de 1.200 kilovatios. Según explica Muñoz Dalda, proponen un sistema de licencias para producción, distribución y ventas.

“Lo que queremos es evitar que el cannabis se convierta en una fuente de beneficios que vaya hacia arriba y se quede en las manos de unos pocos. Pensamos en un sistema de licencias en el que se promueva el cooperativismo y que permita un desarrollo territorial sin que se impongan las grandes empresas”, explica la diputada.

La propuesta de ley de Podemos también incluye las asociaciones de usuarios de cannabis como vía de acceso a esta planta. “Las personas se podrían organizar en asociaciones sin ánimo de lucro, es un modelo que ya existe”, explica la diputada. Muchas de las asociaciones de cannabis que han abierto en España se enfrentan ahora a procesos judiciales que pueden llevar a algunos de sus miembros a la cárcel, sobre todo desde que, en 2013, la Fiscalía General del Estado emitiera una circular por la que instaba a los fiscales a añadir el delito de asociación ilegal en los procesos judiciales contra asociaciones cannábicas. Es el caso de Albert Tió, presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Catalunya y uno de los fundadores de la asociación Airam, pendiente de entrar a la cárcel para cumplir cinco años de condena, después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Tió ya ha declarado que llevará su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“El enfoque prohibicionista es ineficaz y, además, es costoso para las arcas públicas, hay que dejar atrás este prohibicionismo que da lugar a estas situaciones de inseguridad jurídica”, afirma Muñoz.

Según un artículo publicado recientemente en El Salto, el coste que supone actualmente para las arcas públicas la persecución del cannabis podría suponer unos 4.200 millones de euros anuales.

Frente al gasto de la persecución, Podemos y otros muchos partidos políticos, además de las organizaciones cannábicas, resaltan el valor de los ingresos para el Estado que podría resultar de la legalización de la producción, distribución, venta y consumo de cannabis. Por lo pronto, desde Podemos se presentó en noviembre de 2018 una proposición no de ley para la realización de un estudio de impacto económico y recaudatorio de una posible regulación integral del cannabis, que no llegó a materializarse. En la propuesta de ley que el grupo parlamentario de Podemos trabajó en la anterior legislatura, y que está sirviendo de base para el borrador de la nueva propuesta de ley, se fijaba en un máximo del 35% el gravamen sobre el precio de los productos derivados del cannabis para uso no medicinal.

“Esta ley no nace de la noche a la mañana, se trabajó en la XII Legislatura y está avanzada, pero tiene flecos por cerrar”, explica Muñoz, quien resalta que “todo el trabajo se ha hecho con los actores de la sociedad civil que hemos reconocido como interlocutores válidos por ser expertos y conocedores del tema”.

La diputada explica que ya en la anterior legislatura tuvieron una ronda de contacto con todas las entidades de referencia y continúan dialogando con éstas. También prevén hacer una segunda ronda de contactos con las que hacer nuevas aportaciones al texto. A día de hoy, Muñoz explica que tienen preparado un modelo de regulación, pero hay cuestiones, como los derechos laborales de los trabajadores presentes en cada fase productiva, que aún no están definidas y son en las que se está trabajando actualmente.

Pero, por lo pronto, que la propuesta de ley integral de cannabis se convierta en una realidad no es algo que se vea fácil. De la risa de Pedro Sánchez cuando Pablo Iglesias le habla del tema se ha pasado a la contestación dada por el Gobierno a una pregunta de Ciudadanos sobre su intención de regular el cannabis medicinal, en la que el PSOE afirma que esta futura regulación estaría sujeta a los estudios clínicos que evidencien el uso terapéutico del cannabis.

“El obstáculo que tenemos no es el PSOE —afirma Muñoz—, sino el hecho de no tener una mayoría absoluta ni con el socio de Gobierno. Si el PSOE no quiere sacar esto adelante, el recorrido que pueda tener nuestra propuesta de ley ahora mismo es muy corto, pero si quisiera, tampoco tendríamos mayoría absoluta”, lamenta la diputada, que ha descartado, por otra parte, la opción de impulsar en una primera fase una regulación del cannabis medicinal, como la propuesta por el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis (OECCC), que anteceda a una ley integral del cannabis.